Sobre la ampliación del Bachillerato (III): conclusiones, miedos y peligros

(Continuación del post anterior)

En los posts anteriores he tratado de centrarme lo máximo posible en la problemática derivada de la posible variación de la estructura de la Secundaria y el Bachillerato propuesta por el nuevo gobierno. En este sentido, como ya he argumentado, creo que la reforma propone una estructura organizativa que se adapta mejor a las necesidades formativas de los alumnos y soluciona algunos graves problemas que la articulación de la Educación Secundaria desde la LOGSE había generado. He intentado no desviarme en este caso hacia otros asuntos que considero los realmente relevantes y decisivos en relación a una mejora radical de la educación en España, y que de manera sucinta quiero señalar: 1) una mejor financiación, distribución y gestión de los recursos educativos con especial énfasis en la necesaria labor de paliar las desigualdades sociofamiliares de origen, que siguen siendo la causa más importante de la gran mayoría del fracaso escolar; 2) una necesaria disminución de las ratios por clase para todos los niveles y para todas materias, lo que permitiría una relación más fluida profesor-alumno y una mayor dedicación del primero a cada uno de los segundos; 3) un reconocimiento social a la figura del profesor que debiera ir aparejado con una mayor implicación por parte de éste en su labor docente, en su formación continua y en su responsabilidad para con sus alumnos; 4) una radical apuesta, exclusiva y excluyente, por la defensa de la enseñanza pública, evitando partidismos y bajo la premisa de que la gestión de los recursos públicas debe ser gestionada por la Administración, por lo que la selección del profesorado debe ser un proceso independiente y objetivo, alejado de favoritismos y sujeto a evaluación.

Finalmente, no puedo dejar de señalar la preocupación que existe, que comparto y es el origen de la gran mayoría de las reticencias de un gran sector de la comunidad educativa a esta reforma organizativa de las enseñanzas medias en España, por el hecho de que dicha reforma la vaya a realizar el Partido Popular. La desconfianza viene generada fundamentalmente por dos motivos: 1) La situación económica en la que vivimos inmersos permite que el ala más liberal del PP esté aprovechando el rebufo de lo que vienen haciendo desde hace años Comunidades como la de Madrid para continuar privatizando y liberalizando la educación, uno de los servicios públicos esenciales, en aras de una pretendida y artificiosa libertad de elección (subvencionada con los impuestos de todos) para beneficio de unas cuantas empresas, de muchas organizaciones religiosas (con lo que se aseguran siempre el voto conservador) y con la consecuencia de una segregación y segmentación social tremendamente  perjudicial. Sería de necios no señalar que la reforma comentada puede traer consigo la concertación del Bachillerato, puesto que su nueva estructura, que no conlleva ningún problema para su aplicación en centros públicos, plantea una situación de difícil solución en el caso los centros privados-concertados. Hasta ahora, excepto en la Comunidad Valenciana, las concertaciones educativas se hacían tan sólo para la etapa de la enseñanza obligatoria, es decir hasta el 4º ESO actual. Ahora, debido a la reducción de un año de la Secundaria y el mantenimiento de la obligatoriedad de los estudios hasta los 16 años, parece claro que los centros privado-concertados se van a mover para no perder nada de lo que ya han conseguido y aprovechar el momento para intentar que se amplíen los conciertos educativos a todo el Bachillerato. Que esto sucediera sería la puntilla final para la enseñanza pública, que se quedaría en una condiciones de manifiesta inferioridad frente a una enseñanza privada-concertada, extrañamente favorecida por una Administración pública, que la subvenciona generosamente y le permite no cumplir las leyes de selección de alumnado y de obligatoriedad de la gratuidad de la etapa de estudios obligatorios. 2) El otro peligro que conllevaría esta reforma sería aprovechar su implantación para ceder a la tentación de comenzar a crear diferentes itinerarios para los alumnos desde el primer año de la Secundaria. Esa idea, que ya lleva manejando el PP desde hace más de una década, copiaría el modelo segregador alemán y supondría el peor de los ataques a la igualdad de oportunidades que todo alumno de 12 años debe tener. A esa edad un alumno no tiene aún suficiente madurez para tomar ese tipo de decisiones respecto al futuro de su formación, y tampoco se ha puesto todavía lo suficiente a prueba como para reconocer con seguridad sus capacidades e intereses. La aplicación de esta segregación prematura sólo serviría para que los orígenes sociofamiliares del alumnado fueran aún más determinantes en la elección de sus itinerarios formativos.

A pesar de todo, estos peligros no sirven para negar la validez de la reforma. En todo caso sirven para comprender cómo una idea correcta, objetivamente beneficiosa, siempre puede ser utilizada con intereses espurios. Criticar la ampliación del Bachillerato a tres años sería un terrible error estratégico por parte de la izquierda (ojala hubiera sido ella la que la planteara)  porque con el tiempo va a terminar contando con un enorme respaldo social, de la comunidad educativa en general y de los profesores en particular, además de que va ayudar a mejorar las estadísticas de fracaso escolar y a descomprimir la convivencia en los centros escolares. Por lo tanto el empeño debe estar en no permitir que bajo el paraguas de la reforma se destruya el futuro de la enseñanza pública de España y que perdamos la ilusión de seguir teniendo una educación publica de tod@s y para tod@s 


Actualización: era de esperar que, tras el espectáculo que el ministro Wert da casi cada día desde que accedió a su múltiple Ministerio, los aspectos más positivos de la reforma pudiesen quedar en papel mojado una vez que se pusiese hablar con los agentes privados de Educación y observase que este cambio normativo traía cambios necesarios en la organización de muchos centros educativos. En sus penúltimas declaraciones sore la reforma (no serán las últimas), Wert ha afirmado que, en todo caso, el título (¿qué título, por  cierto?) no se obtendría hasta terminar el primer curso del nuevo bachillerato o de FP. Vamos que todo seguiría como hasta ahora pero los alumnos recibirían el título de Secundaria tras ¡terminar el primer curso de una nueva etapa educativa! ¿Que no tiene ningún sentido? Evidentemente. Todo seguiría igual que ahora, aunque cambien los nombres. y se le añadiría el elemento surrealista de que la titulación llegue un curso después de terminar una etapa educativa y sin terminar la siguiente. Imagino que la imposibilidad económica actual de concertar los Bachilleratos y el temor de muchos de estos centros concertados a ver cómo perdían una curso de la ESO en beneficio de uno de Bachillerato (cuya etapa carecería de sentido comenzar en dichos centros para terminarla en los centros públicos), ha pesado mucho en esta marcha atrás. Pero también estoy seguro que todavía no hemos visto el final de las rectificaciones y los parches. Así hacemos leyes educativas en españa.